Ante la información de que el Gobierno nacional ha interrumpido el envío a los consulados de los kits de ADN para que puedan tomar muestras de sangre a personas que dudan de su identidad y podrían ser nietos o nietas que buscamos, manifestamos nuestra preocupación y solicitamos a las autoridades, en particular a la Cancillería argentina, que arbitren los medios necesarios para resolver prontamente este tema.

Asimismo, esperamos que, con la asunción del nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Leandro Zuchet, se regularice esta situación y tantas otras que dificultan las tareas de búsqueda y de garantía del derecho a la identidad. Así como hace dos décadas que funciona el mecanismo de la prueba de ADN en sede consular –nuestras nietas y nietos pueden estar en cualquier parte, tal cual se ha comprobado en varios casos–, muchas otras políticas y dispositivos han sido desmanteladas.

Necesitamos que la búsqueda de nuestras nietas y nietos, todos ellos desaparecidos por el terrorismo de Estado, se reactive, y que el Gobierno deje de poner obstáculos. Debemos subrayar, una vez más, que el delito de apropiación sólo cesa cuando la víctima y su familia conocen la verdad. Alrededor de 300 personas continúan viviendo con un nombre falso, sin saber su origen, mientras sus familias legítimas los buscan desde hace más de cuatro décadas.