Tras la medida cautelar interina dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, el Gobierno nacional repuso el presupuesto necesario para que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) pueda funcionar.

Luego de la presentación realizada por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) y la fiscalía de La Plata, con la adhesión de Abuelas, por el ahogo presupuestario y la virtual parálisis del BNDG, el magistrado señaló de manera contundente: “Si por falta de fondos y partidas presupuestarias se perdiera el material almacenado en el BNDG, el daño sería irreparable e irreversible y, lógicamente, comprometería a la responsabilidad del Estado, en tanto se estaría entorpeciendo seriamente las investigaciones de delitos de lesa humanidad, además de producirse una afectación a derechos fundamentales de raigambre constitucional –de acceso a la justicia, a la verdad y a la identidad”.

En su resolución, el juez concluyó que el BNDG reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados, en tanto los peritajes que produce son una herramienta central para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad, que posibilita la reconstrucción de vínculos familiares, el restablecimiento del derecho a la identidad y el avance de los procesos judiciales correspondientes.

“La restitución de cada persona apropiada –prosigue– es un eslabón necesario para la plena vigencia de los Derechos Humanos. Constituye una reparación hacia la sociedad en la búsqueda de la verdad y la persecución de la justicia. En tal sentido, es deber del Estado propiciar las condiciones para encontrar a cada nieto y nieta apropiados”. El fallo incluye citas de los propios nietos y nietas restituidos y sostiene: “Cada una de las personas atravesadas por experiencias de apropiación y restitución ha vivido una experiencia particular, inasimilable a las demás. Sin embargo, algo recurrente en sus testimonios es la valoración del encuentro con su verdad, por encima de la complejidad de su asunción”.

A raíz de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, informados en el marco del expediente, que dan cuenta de la adopción de medidas administrativas y presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad operativa y funcional del BNDG, el magistrado tuvo por cumplida la finalidad perseguida con la intervención cautelar y finalizada la intervención del Tribunal, sin perjuicio de la que pueda caber ante su eventual incumplimiento.

Se destaca, además, el reconocimiento de la función del Poder Judicial de la Nación –como poder del Estado– de velar por el cumplimiento de la Constitución, tratados y leyes, y adoptar medidas para que no existan obstáculos a las investigaciones, esclarecer los hechos, condenando a las y los responsables, y reparar a las víctimas.

También aborda y reconoce la completa legitimidad del Ministerio Público Fiscal y de Abuelas de Plaza de Mayo para reclamar y resalta el recorrido y la historia de nuestra institución, tanto en el ámbito nacional e internacional, en la lucha por el derecho a la identidad.

Celebramos la continuidad de la loable labor del BNDG, fundamental para el encuentro de los casi 300 nietos y nietas que faltan, y el rol del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en resguardo de una de las herramientas fundamentales del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.